La jornada laboral de 35 horas en la administración general del estado: ¿quién se beneficia y quién queda fuera?
La reducción de jornada laboral en la age: un paso adelante pero con exclusiones
La propuesta presentada por el Ministerio de Función Pública para reducir la jornada laboral a 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) no afectará a todos los empleados públicos, según se ha confirmado. La medida, que llega con más de tres años de retraso, excluye a funcionarios clave en seguridad, defensa y servicios esenciales, lo que no convence a las fuerzas sindicales.
Funcionarios clave excluidos
Entre los grupos afectados se encuentran el personal militar de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como funcionarios de Instituciones Penitenciarias que mantienen jornadas adaptadas a turnos y guardias. También quedan fuera los empleados en centros docentes, sanitarios e institucionales de la AGE, incluyendo docentes y personal de apoyo en Ceuta y Melilla, donde la flexibilidad horaria es inviable sin impacto en el servicio público.
Reacciones sindicales
La mayor oposición llega desde CSIF, el sindicato mayoritario en la AGE, que ha exigido a Función Pública que el texto definitivo de esta medida pase a ser normativa básica que incluya su aplicación a todo el personal de la AGE sin exclusiones, así como en el sector público. No obstante, reconocen la disposición de la administración pública de negociar una fórmula que permita la inclusión de estos colectivos.
Acuerdo marco y negociaciones pendientes
La medida forma parte del compromiso del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, que será sometida a aprobación formal en la Mesa General de Negociación de la AGE, pendiente de convocatoria en los próximos días. A esta los sindicatos llegarán con una serie de líneas rojas, incluyendo la regulación de la jubilación parcial anticipada, el desarrollo efectivo del teletrabajo, la promoción interna y otras demandas laborales.
Implementación y efectos
La implantación de la nueva jornada se realizará previsiblemente mediante real decreto o instrucción ministerial, lo que permite esquivar la dependencia directa de unos Presupuestos Generales del Estado como planteó inicialmente el ministro del ramo y que encendió el ánimo de las organizaciones sindicales, por la dificultad de la aritmética parlamentaria para sacarlos adelante. Su entrada en vigor supondrá un recorte de jornada de 2,5 horas semanales sin merma de salario para los empleados públicos afectados, que pasarán de trabajar 37,5 horas a 35 horas.
Consecuencias y próximas negociaciones
La jornada de 35 horas llega al Ejército, pero los militares piden el mismo trato que los funcionarios civiles. Las negociaciones en marcha valoran este aspecto de