Jubilación anticipada de policías: el gobierno plantea un modelo que deja fuera a la mayoría
El Ministerio del Interior ha presentado un borrador para regular la jubilación anticipada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), una medida que, según el sector policial, podría perjudicar a miles de agentes y generar una profunda desigualdad entre las diferentes cuerpos.
La propuesta, que busca cumplir con una reciente orden del Tribunal Supremo, ha generado una fuerte controversia. El sector denuncias un modelo “low cost” que excluye a gran parte de los funcionarios y penaliza el bolsillo del policía.
¿Por qué se cuestiona el nuevo modelo?
La medida, que permitiría adelantar la jubilación a los agentes de la Policía Nacional incorporados a partir de 2011, se encuentra lejos de las expectativas del colectivo policial. Mientras que cuerpos como la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra ya disfrutan de esta posibilidad, la nueva propuesta del Gobierno limita el acceso a un tercio de la plantilla de la Policía Nacional.
Uno de los puntos más polémicos es la exclusión de la Guardia Civil, que se mantiene completamente al margen del nuevo modelo. La justificación oficial se basa en su naturaleza militar y su régimen de protección social diferenciado. Los agentes de la Guardia Civil consideran esta decisión un “desprecio” que rompe la unidad de acción entre los cuerpos de seguridad.
El análisis de los sindicatos policiales revela que los requisitos de carencia y los perfiles técnicos exigidos en el borrador limitarían el acceso a la jubilación anticipada a apenas un tercio de la plantilla actual. A diferencia de otros cuerpos, la Policía Nacional deberá asumir una sobrecotización para poder jubilarse anticipadamente, lo que supone un coste económico significativo para muchos agentes.
La plataforma por una Jubilación Digna, que agrupa a decenas de asociaciones y sindicatos, ha calificado el texto de “insulto sin precedentes”, denunciando que ignora a la mayoría de las FCSE y “condena al olvido a los funcionarios de las Clases Pasivas”.
La norma aún está en fase de tramitación, pero las protestas no se han demorado. Se han convocado actos simbólicos de presión, como concentraciones y una misa en la Almudena, para reclamar que se reconozca la penosidad del trabajo policial y se aplique la jubilación anticipada de forma equiparativa.
El real decreto se encuentra en tramitación y su contenido podría modificarse. Pero la sensación que deja el borrador es clara: el Gobierno busca contener el gasto en pensiones a costa de la desigualdad y el descontento de quienes protegen a los ciudadanos. Y eso tiene un precio.