Jornada de 35 horas y oep 2026: ¿modernización o crisis en la administración pública?
El Gobierno y los sindicatos aceleran las negociaciones para un nuevo modelo laboral con jornada reducida y perfilan una Oferta de Empleo Público (OEP) que podría no ser suficiente para cubrir las necesidades de personal de la Administración General del Estado (AGE).
La reducción de jornada, un desafío estructural
La transición a una jornada de 35 horas semanales, que supone un recorte del 7,1% del tiempo de trabajo, llega en un momento crítico. La AGE, ya con plantillas ajustadas y un envejecimiento alarmante, se enfrenta a un reto de reorganización de recursos y, posiblemente, de contratación masiva para mantener los servicios públicos.
El informe de Función Pública revela que en 2020 más del 66% de los empleados públicos de la AGE tenían 50 años o más, con una edad media superior a los 51 años. Los colectivos C2 (22.559 bajas, 72,28%), C1 (33.861 bajas, 61,85%) y E (132 bajas, 94,96%) son los más afectados por esta tendencia, que ha provocado la pérdida neta de más de 20.000 empleos en la última década.
La OEP de 2026 se presenta como la herramienta clave para adaptar la Administración a este nuevo escenario. Sin embargo, la situación no es sencilla. Miles de plazas pendientes de convocar de ejercicios anteriores, junto con la persistencia de la tasa de reposición, dificultan la creación de empleo neto. La OEP de 2025, que no logró generar empleo, no convenció a los sindicatos.
Los sindicatos exigen no solo más plazas, sino también agilidad en los procesos selectivos. La modernización de la Administración, la mejora de la conciliación y la atracción de talento son los objetivos planteados por el Gobierno y los sindicatos, pero la falta de refuerzos suficientes puede tensionar un sistema ya sobrecargado. El objetivo es claro: mantener la calidad del servicio al ciudadano.
La reducción de jornada obliga a revisar la planificación de recursos humanos y a adaptar los horarios de los servicios con atención al público. Las jornadas especiales, incluidas las de 40 horas, se reducirán proporcionalmente. Esta medida, aunque busca modernizar la Administración, podría agravar la escasez de personal en áreas como el SEPE, la Seguridad Social o las oficinas de Extranjería, que ya afrontan procesos complejos.
El calendario laboral se modifica. Los funcionarios tendrán un día más de asuntos propios en 2026. La clave está en que la oferta de empleo público refuerce de manera efectiva los servicios públicos, y no solo cubra jubilaciones. La realidad es que la Administración no puede permitirse perder personal clave, sobre todo en los colectivos con mayor edad y con un déficit acumulado de más de 20.000 empleos netos en la última década. Las cifras hablan por sí solas.
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