Jornada de 35 horas y jubilación masiva: la age se enfrenta a un desafío demográfico
El Gobierno de España y los sindicatos se enfrentan a un punto crítico: la implementación de una jornada laboral de 35 horas, vinculada a una Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 que podría no ser suficiente para cubrir las necesidades de personal de la Administración General del Estado (AGE).
La reducción de jornada amenaza con agravar la escasez de personal
La medida, que implica una reducción del 7,1% en el tiempo de trabajo semanal, se produce en un contexto de envejecimiento estructural de la plantilla pública. Un informe de Función Pública revela que en 2020, más del 66% de los empleados públicos de la AGE tenían 50 años o más, con una edad media superior a los 51 años. La cifra habla por sí sola: en 2030 se proyecta que el 56,82% de la plantilla de 2020 se jubile.
Esta situación se agrava por el hecho de que las incorporaciones de personal no están cubriendo las bajas, lo que ha derivado en una pérdida neta de más de 20.000 empleos en la última década, según estimaciones de CSIF. Los colectivos C2 (22.559 bajas), C1 (33.861 bajas) y E (132 bajas) serán los más afectados, con tasas de jubilación superiores al 60% en 2030.
La OEP 2026 se perfila como la herramienta clave para abordar este problema, pero la negociación no es sencilla. Miles de plazas pendientes de convocar de ejercicios anteriores complican la situación, incluyendo más de 5.700 puestos de personal laboral y más de 3.200 de promoción interna. Los sindicatos exigen no solo más plazas, sino también agilidad en los procesos selectivos para evitar retrasos que diluyan el impacto de las ofertas.
La implantación de las 35 horas no es solo una cuestión de tiempo de trabajo. Obliga a repensar la planificación de recursos humanos, los turnos y la organización interna de los servicios públicos. Organismos con atención al público o funcionamiento continuo tendrán que ajustar sus horarios, reduciendo proporcionalmente las jornadas especiales, incluyendo las de 40 horas. Hasta ahora, la OEP de 2025 no logró generar empleo neto, lo que llevó a que las centrales sindicales no respaldaran aquel acuerdo. Ahora, exigen que la nueva oferta refuerce los servicios públicos de forma efectiva y elimine la tasa de reposición, que limita la capacidad de contratación.
El objetivo del Gobierno y los sindicatos es modernizar la Administración y mejorar la conciliación, pero la falta de refuerzos suficientes podría tensar aún más un sistema ya sobrecargado. Los servicios con atención al público, como el SEPE, la Seguridad Social o las oficinas de Extranjería, se enfrentan a procesos complejos como la regularización de cientos de miles de personas, y una reducción de jornada podría poner en riesgo la calidad de la atención al ciudadano. Un día más de asuntos propios en 2026 no es una solución, sino una consecuencia de una realidad que exige soluciones estructurales, no paliativas.
La promesa de una Administración más eficiente choca con la cruda realidad de una plantilla que se despide a un ritmo alarmante, y que necesita más que un ajuste horario.
n