Gobierno y sindicatos en guerra: la oep se congela y la función pública se echa a perder plazas
El Ejecutivo español se enfrenta a una rebelión sindical que amenaza con paralizar la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. CCOO, UGT y CSIF han rechazado en redondo la propuesta del Ministerio de Función Pública, liderado por Óscar López, por la falta de transparencia y la insuficiencia de las plazas ofertadas.
Una negociación fantasma: datos, cifras y confidencialidad
La reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE, convocada con la promesa de un diálogo constructivo, terminó en un callejón sin salida. Los sindicatos denuncian que la negociación se llevó a cabo sin ninguna base de datos, sin cifras concretas y, lo que es más grave, sin vislumbrar una estrategia clara. El rechazo no es nuevo: en la OEP de 2025, con 36.588 plazas (27.000 de la AGE), la falta de datos y la reducción del 8,8% respecto a la de 2024 –la más grande de la historia, con más de 40.000 plazas– ya generó la misma protesta.
El Ministerio, por su parte, se limita a anunciar que la OEP de 2026 será “similar” a la del pasado, una respuesta tan evasiva que alimenta la desconfianza. La situación se agrava con la reciente aprobación de la jornada laboral de 35 horas, medida que, según los sindicatos, exige un refuerzo sustancial de personal en la Administración.
La presión de la realidad: inmigración, jornada reducida y 5.765 plazas pendientes
El rechazo sindical cobra especial relevancia en un contexto de crecientes presiones. La regularización extraordinaria de inmigrantes está saturando los organismos de la AGE, especialmente Extranjería, Seguridad Social e Interior, exponiendo las fragilidades de la Administración. Además, la implantación de la jornada de 35 horas y la acumulación de 5.765 plazas de turno libre y 3.238 de personal laboral de 2023, 2024 y 2025 sin convocar, crean un escenario de inestabilidad.
Los sindicatos advierten sobre la pérdida definitiva de estas plazas si no se convocan a tiempo, poniendo en riesgo la capacidad de respuesta de la Administración. El compromiso del Gobierno de convocarlas en un plazo de dos meses se recibe con escepticismo, dada la historia de retrasos acumulados.
Medidas parciales vs. bloqueo total: un recurso a la regulación
Mientras se mantiene el bloqueo en la OEP principal, el Ministerio ha anunciado medidas puntuales, como la solicitud de informes obligatorios a los departamentos con bajas tasas de cobertura selectiva y la revisión del acuerdo de promoción interna. No obstante, estas iniciativas se antojan insuficientes para paliar la falta de una estrategia global. La situación exige, según los sindicatos, una respuesta contundente y transparente, no una serie de correcciones cosméticas.
Javier Arauz, abogado experto en derecho laboral, ha lanzado una advertencia a los funcionarios interinos en situación de abuso de temporalidad, instándoles a tomar medidas para proteger sus derechos. El cierre de la negociación, con la previsible postergación del Consejo de Ministros, refuerza la sensación de que la Administración se limita a parchear los problemas, sin abordar las causas estructurales de la crisis.
El cierre no es una pregunta, sino una constatación: la OEP se congela, y con ella, el futuro de miles de funcionarios públicos. La Administración, lejos de dar garantías, ha generado incertidumbre y desconfianza, y ahora se enfrenta a la dura tarea de recuperar la credibilidad de un diálogo que ha terminado en un fracaso.”n ,n