Avance jornada 35h y jubilaciones parciales: ¿qué espera a los funcionarios?

Un cambio en el horizonte: jornada laboral de 35 horas en la age

El Gobierno de España ha dado un paso significativo hacia la reducción de la jornada laboral en la Administración General del Estado (AGE). Tras años de negociaciones, se espera que la jornada laboral se reduzca a 35 horas semanales, con una fecha prevista para marzo de 2026. Esta medida, que recupera las 35 horas perdidas en la crisis de 2010, no implicará una reducción salarial y beneficiará a aproximadamente 250.000 trabajadores de oficinas centrales y servicios administrativos.

¿Quiénes quedan excluidos de la jornada reducida?

Aunque la medida es amplia, existen colectivos específicos que quedan excluidos de la reducción de jornada. Entre ellos, se encuentran el personal militar de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Además, el personal de centros docentes, sanitarios e institucionales de la AGE no se verá afectado por esta reforma. Esta exclusión ha generado críticas por parte de los sindicatos.

Jubilaciones parciales: una oportunidad con obstáculos

Función Pública ha convocado 1.049 plazas para cubrir solicitudes de jubilaciones parciales. Las pruebas de acceso para estos puestos, que permiten a los funcionarios reducir su jornada laboral mientras mantienen su salario y una parte de su pensión, se realizarán entre abril y mayo. Sin embargo, este proceso se ha visto ralentizado debido a complejidades administrativas y a la imposición de relevistas con contratos indefinidos a tiempo completo, lo que genera un 'atasco' en las administraciones.

El debate sindical: una demanda de inclusión

CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado a Función Pública que el texto definitivo de la medida de la jornada de 35 horas se convierta en normativa básica, incluyendo su aplicación a todo el personal de la AGE, sin excepciones, y en todo el sector público. Consideran que la exclusión de ciertos colectivos es un